SERVICIO DE DRAGAS CONTINÚA CON LAS ACCIONES LEGALES Y SE RATIFICA EN QUE ACCIONES DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS SON ILEGITIMAS

Ante el ILEGÍTIMO proceso de terminación unilateral que lleva la Prefectura del Guayas en contra del Servicio de Dragas de la Armada SERDRA, esta se ratifica en lo pertinente de la acción constitucional, tendiente a suspender las acciones que la Prefectura insiste en dar por terminado unilateralmente el contrato del dragado del islote El Palmar.

La acción que presentó SERDRA, recayó, luego del sorteo de ley, en la UNIDAD JUDICIAL DE GARANTÍAS PENALES CON COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES DEL GUAYAS, que después de conocer y analizar los motivos de nuestra petición, resolvió y ordenó la suspensión inmediata del proceso de terminación unilateral que inició la Prefectura del Guayas, poniendo de esta manera fin a las violaciones constitucionales en contra del debido proceso y del derecho a la defensa, contemplados en los artículos 76 y 82 de la Constitución de la República, respectivamente.

La acción constitucional tiene la argumentación y respaldos de documentos que son públicos y suficientes para motivar la resolución judicial,  por ejemplo,  la declaratoria por escrito de la Prefectura, de la  imposibilidad técnica y económica de continuar con el contrato; también  las repetidas suspensiones de trabajos dispuestas por la propia Prefectura, indicadores de incumplimiento de este contrato por la propia Prefectura y no SERDRA, como se quiere hacer ver a la opinión pública.

La decisión del juez constitucional es absolutamente legal y está vigente, la misma fue notificada a la Prefectura mediante Oficio No. 09281-2019-04084, de 04 de septiembre del 2019, sin embargo, el 5 de septiembre del 2019, SERDRA fue notificada con el oficio No. GPG-FDB-0025-2019 emitido por el Director de la Secretaría del Gobierno del Guayas, informando la terminación unilateral, en desacato a la decisión judicial emitida un día antes.

El numeral 4 del art. 22 de la Ley Orgánica de Control Constitucional, sanciona con la destitución, al funcionario público que no acate una decisión emanada de un juez constitucional.  Cualquier acto que emita la Prefectura, tendiente a ejecutar su decisión, será nulo de nulidad absoluta, y de responsabilidad personal de los funcionarios que lo intenten.

La Armada del Ecuador, a través del Servicio de Dragas, defenderá a toda costa la institucionalidad del país y velará porque no se atropellen sus derechos constitucionales, se intente dañar su bien ganado prestigio y el derecho al trabajo de 140 obreros y trabajadores que honestamente laboran desde hace muchos años en la Armada.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA ARMADA

Share This